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Adiós al fuero para los legisladores en la Ciudad de México

  • Agencia La Capital
  • 27 ene 2017
  • 3 Min. de lectura

La Capital del país se ha convertido en la quinta entidad en desaparecer la figura de fuero constitucional de su carta magna, con lo que les quita la inmunidad procesal a los legisladores.


Y aunque en esto no es la pionera, el logro que hoy consiguió la Asamblea Constituyente además de quitar el fuero, es la unanimidad con la que adoptaron esta medida todas las fuerzas políticas: la izquierda con PRD, Morena y Movimiento Ciudadano y el PES que lo impulsaron, de la mano con PAN y PRI, que a nivel federal se han negado a eliminarlo de la Constitución de la Ciudad.


Armando Ríos Piter, presidente de la Comisión de Buen Gobierno, ha buscado desde el Senado eliminar el fuero constitucional y no lo ha conseguido a nivel federal, pero con la exclusión de esta figura jurídica abre nuevamente el debate, sobre todo por haber obtenido en la comisión el apoyo de César Camacho Quiroz, líder del Tricolor en la Cámara baja.


La prohibición de este beneficio, que está ligado en la percepción de la población de impunidad, logró un consenso cuando se garantizó la inmunidad parlamentaria para los legisladores, que tiene que ver con que no sean perseguidos por aquellas ideas que expresen, producto de ideologías políticas.


“De la responsabilidad penal. 1. Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México nadie goza de fuero o inmunidad.


“2. Las diputadas y los diputados al Congreso de la Ciudad de México son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo y no podrán ser reconvenidos ni procesados por éstas. El Presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

“3. La ley determinará el procedimiento para el ejercicio de la acción penal tratándose de delitos del fuero común, observándose lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


“4. El plazo de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos, incluyendo cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o cualquier otro que implique malversación de recursos o deuda pública, se interrumpirá cuando el indiciado que se sustraiga de la acción a la justicia y en los demás supuestos previstos en la legislación penal aplicable”, dice el artículo 72 donde se establece esta prohibición.


En la tribuna, el panista Juan Carlos Romero Hicks, quien durante el dictamen se había pronunciado en contra de la eliminación del fuero, explicó que la preocupación del PAN era la desprotección en la que habrían quedado los funcionarios públicos y que fueran objeto de venganzas políticas, sin embargo, dijo que su grupo parlamentario quedó conforme con la redacción de la comisión y que será en la ley secundaria donde se busque una forma de no dejar en indefensión al servidor público.


Al respecto también se pronunció el decano Augusto Gómez Villanueva, enviado de Enrique Peña, quien también había mostrado oposición a la eliminación del fuero y que aceptó que el buscar una redacción en conjunto permitió que se lograra uno de los temas que más defendieron Morena, MC y el PRD como bandera para la Constitución.


Elvira Daniel, de Morena, miembro de la Comisión, pidió que a partir de que La Capital del país prohibió la inmunidad procesal para delitos cometidos por servidores públicos, se haga una iniciativa de reforma constitucional para desaparecerlo en el país.


Hugo Eric Flores, del Partido Encuentro Social, celebró la eliminación de esta figura, una propuesta que ellos han impulsado también a nivel federal y que hasta ahora tampoco había prosperado.


En la redacción de consenso también participaron Bernardo Bátiz, Cecilia Romero, César Camacho Quiroz, Patricia Ortiz Couturier, Jesús Ortega, José Andrés Millán, Esthela Damián, Tobbyane Ledesma, Lol Kin Castañeda y Gloria Hernández Madrid.


Este tema venía incluido en el proyecto del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y ha sido eliminado también en los estados de Jalisco, Veracruz, Querétaro y Campeche.

 
 
 

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